Los dueños de Colombia

Luego del escándalo del Caso Odebrecht, se logró demostrar cómo el Grupo Aval tiene el dominio hegemónico de la Fiscalía General de la Nación a través de su alfil jurídico Néstor Humberto Martínez.

Lo paradójico fue que durante los Acuerdos de Paz, jamás se le planeó entregar el país a nadie. El país le ha pertenecido, por muchas décadas a más de 5 familias políticas (Samper, Lleras, López, Santos, Ospina, entre otros) y a cuatro monopolios, estos son: el Club Santo Domingo, el Grupo Bolívar, la organización Ardila Lülle y el voluptuoso imperio de bancos usureros de Luís Carlos Sarmiento Angulo.

Un claro ejemplo es que en los últimos meses los congresistas han denunciado las actividades de accionistas extranjeros en los servicios públicos de la costa caribe y la utilización de éstos como holdings corporativistas que absorben los mercados locales. También las denuncias a Corficolombiana o a Seguros Porvenir por lucrarse de los aportes pensionales de los colombianos.

Pero nada dijeron – ni tampoco ahora – el pasado siglo cuando Santo Domingo (dueño de El Espectador, Caracol, entre otros) utilizó a Bavaria para arruinar empresas de diferentes ramas industriales adquiriendo acciones, y venderlas a precio de cobre viejo a multinacionales extranjeras en la década de 1990. Por otro lado, los medios colombianos exhortan que en Venezuela no existe parcialidad, de que no existe libertad de prensa, que la opinión pública es manejada por el Estado. Pero en Colombia los noticieros y periódicos que monopolizan las noticias pertenecen por completo a la plutocracia, mencionada arriba, con intereses remarcados. Aunque se visualice los programas digitales de La Pulla en El Espectador, esta nunca va a denunciar las actividades de su patrón Santo Domingo. Lo mismo sucede con las élites familiares, donde el dueño de la única revista de análisis político, la Revista Semana, sea Felipe López, hijo de López Michelsen y nieto de López Pumarejo, estos últimos presidentes de Colombia.

El congreso de la república es una institución de mercenarios con una agenda a la cual atenerse, pero difícil creer que la democracia sea víctima de estas personas, sin embargo esto nos lleva a preguntarnos ¿la democracia verdaderamente existe? O mejor aún ¿existirá para todo la sociedad colombiana una verdadera democracia para decidir sobre el pueblo? Existe, pero no es este circo mediático de los intereses del dinero, y cuando digo ‘intereses del dinero’ me refiero a los fines únicos los cuales sirve la democracia, porque en Colombia son las organizaciones económicas, (llámese mafias, corporaciones o grupos sectarios) las que deciden en las elecciones.

Ahora definamos los poderes del Estado colombiano de la mejor forma, así:

Las instituciones “democráticas”: oficinas de empleados de los truts monopolistas.

Los partidos políticos: tenorio de oportunistas que retozan con los resortes del lucro y el clientelismo.

Los medios de comunicación: tribuno de los monopolios económicos para mantener el Statu Quo. Sí, de Sarmiento Angulo, Alejandro Cortés y Santo Domingo.

¿Conoce usted el nombre de esos tres caballeros? ¿Por qué los medios no los nombran, si son los más ricos del país? Uribe, Santos, Vargas Lleras, los López y las demás progenies políticas impresas en el marco legal son simples asalariados de los detentadores del dinero.

Recordemos que el pulmón económico de la guerra Uribe-FARC que duró por espacio de ocho años, estuvo presidida por el troquel despótico de Luís Carlos Sarmiento Angulo quien mayormente financió la campaña del ahora senador Uribe. Es cuando se nos explica – ya que Uribe nunca ha dado una explicación diáfana – por qué en su regencia liberticida: creó varios impuestos como en 2002 Ley 788 que establece nuevas tarifas del IVA de 2 y 7 por ciento para un grupo de bienes y servicios, el mismo año la Ley 1838 como impuesto para preservar la Seguridad Democrática, en 2003 decretó la Ley 797 que aumentaba las tasas de pensión, y con su descarado cinismo quiso aumentar el IVA al 17% mediante una reforma tributaria pero fue rechazada.

A inicios del gobierno de Álvaro Uribe, la guerra se prohijó con las inyecciones prestatarias del Banco de Bogotá y el Av. Villas (ambos de Sarmiento). En consonancia, Uribe le concedió la libertad al magnate que hiciera auto préstamos para sus empresas desde el Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia. Es cuando, ¡también!, se nos explica la aflicción de los trabajadores para obtener su jubilación a edad tan avanzada. ¡Los empresarios también son senadores!

Ahora, mencionen un izquierdista del gobierno que haya arremetido contra el Grupo Aval (Sarmiento Angulo), el Club Santo Domingo, el Grupo Bolívar, el Grupo Scotiabank, El Grupo Gilinsky y otros monopolizadores de menor envergadura.

Ahora, mencionen un derechista que advierta las desavenencias de la globalización, la penetración de capitales foráneos o la de intereses extranjeros en las elecciones democráticas a todos los niveles. ¿No los hay? ¿Petro o quizás Piedad Córdoba?

Estos candidatos de la izquierda le venden al pueblo que el enemigo es el congreso, el Uribismo y las facciones retardatarias de la derecha. Pero el congreso es una oficina de empleados. Gustavo Petro es el testaferro de Gilinsky y Piedad Córdoba funge más como plenipotenciaria del Estado venezolano que como líder popular indignada.